El pasado 11 de mayo el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia que ha desencadenado una catarata de reclamaciones ante ayuntamientos de toda España contra las liquidaciones del tributo de plusvalía. El impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, grava la revalorización que en teoría tiene un inmueble cada vez que cambia de manos, ya sea a través de una venta, una donación o una herencia de un familiar fallecido.
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